La delincuencia juvenil en la República Dominicana es una manifestación evidente del estado de pobreza a la cual nuestra fallida democracia ha hundido las clases de bajos ingresos. Cabe decir que este no es el único factor coadyuvante a este flagelo social. La política gubernamental de los distintos pasados gobiernos y los que les sigan deberán ser dirigida a cambios hacia de conquistas sociales donde sean implementadas reformas tendentes a la modernización y transformación de los instrumentos y mecanismos que se necesitan para el desarrollo de un plan de gobierno efectivo. Una democracia dirigida con transparencia le daría las base necesarias para disminuir la actual situación de inseguridad ciudadana por la cual atraviesa nuestra sociedad.
Ese gobierno esta en la obligación de parar el patrón de corrupción existente. Nuestro gobierno necesita del uso sistemático y amplio a un sistema de evaluación a los programas sociales existentes, de tal manera que estos programas sean efectivos y lleguen a donde deben llegar. El gobierno debe ser ético y moral . Anteriormente hemos expresado que esa evaluación buscara un modelo de política basado en el derecho a la salud, la educación, la justicia, la transformación laboral con énfasis en la agricultura y las facilidades habitacionales. Pero para lograr estos objetivos se necesita la voluntad para su implementación, y además la determinación de enfrentar los intereses púdicos que son insensibles a las necesidades de las clases sociales sin recursos. De ahí que el presupuestos de la nación debe enfatizar y priorizar estas necesidades. Y hacer lo que nunca se ha hecho.
Es precisamente el factor que arropa el desempleo, lo que influye a que algunos individuos busquen en el narcotráfico una válvula de escape como solución a sus necesidades económicas. El analfabetismo contribuye a que el país sea condenado a que sus ciudadanos no puedan desarrollar el potencial que se requiere para que podamos avanzar hacia un mayor desarrollo. Para eso hace falta hacer lo que “nunca se ha hecho”. Acabar con la impunidad y llevar a los corruptos a la justicia y que sean condenados en sus respectivas medidas de justicia.
La pobreza genera la frustración de los afectados lo que se traduce en crisis de familia, con lo cual se da paso a la creación de una subcultura de violencia y delincuencia. Todo esto en conjunto coadyuvan en la profundización del subdesarrollo y el estado disfuncional de nuestro sistema democrático. Deben ser condenados los culpables delincuentes de cuello blanco. Nadie escapa al efecto de esta descomposición socio-política a la que conduce la pobreza. Debemos enfocarnos hacia una participación colectiva multidisciplinaria con todos los sectores representativos de la sociedad. Se hace necesario la participación de los legisladores, economistas, médicos, abogados, ingenieros, psicólogos, educadores, comunicadores, trabajadores sociales y todos los ministerios gubernamentales. Todos con una visión y una determinación en la cual haya una intención y una voluntad de enfrentar seriamente ese mal que impide el desarrollo del país.
